El Informe El derecho a la privacidad en la era digital, publicado a finales del 2018 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puso a la mesa la discusión en torno a la creación de bases de datos de información biométrica a gran escala, ya que ello genera múltiples preocupaciones en términos de derechos. La biometría se refiere al proceso de medición de rasgos físicos como la huella digital y los patrones de la cara o de comportamientos, como la forma de caminar e inclusive de mover un mouse.

Estos rasgos suelen permanecer a través del tiempo y por ende, son un factor claro de identificación personal. Pero, ¿qué pasa si se abusa de los datos biométricos?, es decir, qué pasa si se emplean en procesos de delincuencia, seguridad o prevención de fraudes, sin una consideración axiológica de uso. Un dato biométrico se trata de un rasgo íntimo, por tanto debe ser almacenado, tratado y observado bajo un marco de legalidad, necesidad e idoneidad.

Tal reflexión no es reciente, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro con sede en Buenos Aires, trabaja desde 1995 con el propósito de abonar a la cultura jurídica y al respeto constitucional. Lo anterior, incluye, desde luego, la garantía de los derechos en el marco del ecosistema digital. Sus investigaciones van desde la privacidad en la economía de los datos, la deserción femenina en la industria informática, la autorregulación en redes sociales y el microtargeting, hasta el tema que nos constriñe: la identidad biométrica.

En este sentido, hace apenas tres meses presentaron Tu yo digital, un informe en torno al proceder biométrico en América Latina, a partir del análisis de Argentina, Brasil, Colombia y México. Su premisa se sostiene en la urgencia de promover políticas públicas en la dupla identidad-persona del ciberespacio, ya que el derecho individual se subsume al derecho del Estado para solicitar, disponer y administrar información, inclusive condicionando la entrega de datos biométricos para el otorgamiento de beneficios o servicios sociales entre los que destacan la salud, educación y seguridad.

Cuestionamientos como: ¿el ciudadano está informado de las repercusiones?, ¿existe claridad de quiénes tienen acceso a los datos? e inclusive, ¿hay procesos alternativos a las huellas biométricas? Atenuando además, la desigualdad social, son el parteaguas de la discusión. ADC, tuvo en 2016 un primer acercamiento al tema, con una reflexión producida en el Foro de Gobernanza de Internet (IGF, por sus siglas en inglés), celebrado en México, en la ciudad de Guadalajara. El foro se tradujo en el informe Cuantificando identidades en América Latina, el cual, a su vez, se convirtió en la fundamentación de un trabajo de monitoreo, análisis y crítica de las políticas públicas que recaban y sistematizan la identificación de la ciudadanía mediante tecnologías biométricas.

Es a partir de esta exploración que la Asociación de Derechos Civiles (Argentina), Fundación Karisma (Colombia) y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (México), logran a través de Tu yo digital, una exposición casuística, narrativa y reflexiva a la luz del marco legal, de las demandas que supone el uso de tecnologías biométricas. El informe hace notar –entre múltiples líneas más- lo siguiente:

  • La identificación biométrica se adopta e implementa, con mínima claridad y transparencia.
  • Las bases legales para el levantamiento, uso, tratamiento y almacenamiento de los datos, se sustentan en contextos autoritarios o no opcionales.
  • Se carece de análisis preliminares sobre la implementación e impacto que, el tratamiento de los datos de índole biométrica traerán en los derechos de la ciudadanía.
  • La terminología biometría, identificación biométrica y tecnología biométrica, se emplean como homólogos pese a la inexistencia de definición individual.
  • Es recurrente que los datos biométricos sean empleados con fines diferentes para los que fueron obtenidos.
  • La privacidad de la identidad puede traducirse en vulneración de los derechos humanos.

En consecuencia, los marcos jurídicos actuales son insuficientes y limitados para ofrecer protección, supervisión o control efectivo de las características biométricas. Es así que vuelve imprescindible el desarrollo de estudios fundamentados en evidencia sobre la pertinencia, impactos y riesgos en la adopción de tecnologías para la identificación digital. Ello no significa el enjuiciamiento de la tecnología, menos la negativa frente a la adopción de mecanismos biométricos. El centro de la discusión radica en la preparación del contexto, la articulación de políticas y, tal vez lo coyuntural sea, la generación de cultura digital ciudadana. Pues, aunque de entrada, el catalizador se concentra en la tecnología, de fondo se encuentra un tópico de transición hacia la reformulación y/o extensión de la identidad.