Una realidad innegable de nuestro contexto actual es que Internet ha modificado la forma en que interactuamos con los demás. El incremento de la conectividad al ciberespacio hace que un número cada vez más importante de personas se conviertan en usuarios de la red. Internet es usado como vitrina para compartir ideas, para mejorar por ejemplo, la forma de administración de los servicios gubernamentales, la educación y el comercio.

Los conceptos de accesibilidad y eficiencia toman un sentido importante, uno de los mayores beneficios es la rapidez y la interconectividad hace que la sociedad se convierta en un tejido de relaciones que operan en red. Sin embargo, no se puede invisibilizar que la conectividad y dependencia de servicios basados en Internet han incrementado de manera considerable nuestra vulnerabilidad frente a actividades y actores ilícitos.

Las estadísticas señalan que los incidentes en la esfera digital no sólo aumentan, sino que poseen mayor sofisticación y organización. Lo anterior nos conduce a un concepto fundamental: seguridad. La seguridad aparece en la esfera de lo social a principios de los noventa como parte de la propuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sus acepciones se vinculan con la percepción de satisfacción y la ausencia de amenazas.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobaron en 2004 uno de los primeros programas para procuración de la seguridad, la Estrategia Interamericana Integral para Combatir las Amenazas a la Seguridad Cibernética, ésta buscó generar un conjunto de acciones de carácter preventivo para asegurar el uso de las redes propias y de terceros. Si bien, estas estrategias son diseñadas y ejecutadas por expertos, el Observatorio de la Ciberseguridad de América Latina y El Caribe, en su informe 2016 sugiere que una de las dimensiones con mayor urgencia es la creación de marcos jurídicos y reglamentarios que eventualmente propicien educación digital.

Generar esos marcos, demanda la colaboración de diversos sectores gubernamentales, civiles y ciudadanos. Este 21 de noviembre, con 25 votos a favor, el Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó la iniciativa de reforma presentada el 28 de marzo, la cual solicita el reconocimiento de la violencia en el ámbito digital. Con ello se logra la sanción de hasta cuatro años de prisión para quienes cometan ilícitos como la sextorsión, el ciberacoso o ciberbullying. El logro no solo representa sanción, sino también la oportunidad de educar para la convivencia en el ciberespacio; es también prueba de la importancia de gestionar adecuadamente la identidad digital y nuestros actos como internautas.

La noticia ocurre además, en vísperas de la celebración del Día Internacional de la Ciberseguridad y, como muestra de la fuerza que posee el enfoque multistakeholder, del que habla la Internet Society (ISOC). Pues es a partir de la colaboración entre la Fiscalía General del Estado, el Instituto Aguascalentense de la Mujer, la Policía Cibernética, sociedad civil y activistas, que se consigue oficializar un fenómeno recurrente e inclusive negado.